Un investigador del Belk College of Business está examinando el precio que pagan las grandes empresas farmacéuticas por sus prácticas ilegales. El estudio, cuyo autor es Denis Arnold, profesor de gestión y profesor distinguido de ética empresarial de Jule y Marguerite Surtman en el Colegio Belk, determinó que en los últimos 13 años las grandes empresas farmacéuticas encuestadas fueron sancionadas y pagaron más de 33.000 millones de dólares en multas.
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Al ser cuestionado sobre la importancia de su estudio en un momento en el que las empresas farmacéuticas se preparan para las vacunaciones y tratamientos masivos para el COVID-19, Arnold dijo:
“Las empresas con una alta incidencia histórica de actividades ilegales son más propensas a participar en la representación fraudulenta de datos de investigación, la supresión de efectos secundarios negativos y la comercialización falsa de sus productos. Esto está muy relacionado con la investigación de COVID-19 en el sentido de que una empresa con un historial de mala conducta tendría una mayor probabilidad de mentir sobre la eficacia de sus vacunas o tratamientos terapéuticos.”
El estudio, publicado el martes 17 de noviembre en el Journal of the American Medical Association (JAMA), y revisado por pares, encontró que el 85% de las firmas encuestadas habían pagado las penalidades y la mayoría se habían involucrado en actividades ilegales por cuatro o más años.
Las penalizaciones más comunes fueron violaciones de precios, mercadeo fuera de etiqueta y sobornos. En cuatro empresas no se habían evaluado las sanciones durante el período.
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Arnold es autor o coautor de seis trabajos sobre la industria farmacéutica, incluidos dos trabajos que documentan el incumplimiento por parte de la industria de sus propias directrices de autorregulación en relación con la publicidad directa al consumidor.
Los coautores del estudio son Oscar Jerome Stewart ’16 Ph.D. (Universidad Estatal de San Francisco) y Tammy Beck (Universidad de Nebraska-Lincoln). Stewart es un ex-alumno del programa interdisciplinario de doctorado en Ciencias de la Organización de la UNC Charlotte, y Beck fue anteriormente miembro de la facultad del Belk College.
Arnold respondió así a una serie de preguntas planteadas sobre su investigación:
Como alguien que estudia y enseña ética de los negocios, ¿que ha encontrado en su investigación?
El hecho de que cuatro empresas del estudio no tuvieran incidentes de mala conducta es una indicación de que es posible gobernar y dirigir grandes empresas farmacéuticas sin involucrarse en actividades ilegales. Además, el hecho de que cuando se produce una conducta indebida, sea durante un período de muchos años, indica que es intencional y no accidental, lo que también indica una mala gobernanza y un liderazgo deficiente.
A medida que las empresas farmacéuticas se preparan para las vacunaciones y tratamientos masivos para el COVID-19, ¿hay algo que debamos tener en cuenta basados en esta investigación?
Absolutamente. Las empresas con una alta incidencia histórica de actividades ilegales son más propensas a participar en la representación fraudulenta de datos de investigación, la supresión de efectos secundarios negativos y la comercialización falsa de sus productos. Esto está muy relacionado con la investigación de COVID-19 en el sentido de que una empresa con un historial de mala conducta tendría una mayor probabilidad de mentir sobre la eficacia de sus vacunas o tratamientos terapéuticos.
¿Las sanciones sólo son parte del oficio de hacer negocios?
Sólo son parte de hacer negocios si uno cree que la actividad ilegal es una estrategia comercial legítima. De lo contrario, es un indicio de mala gestión y liderazgo. Además, la investigación que he realizado con los colegas del Belk College Ted Amato (Economía) y la Decana Jennifer Troyer (Economía) proporciona pruebas que vinculan la actividad ilegal con la reducción de la innovación en materia de drogas. En otras palabras, el engaño es un sustituto de la innovación.
Los miles de millones de dólares en penalizaciones —casi 10.000 millones de dólares en el caso de GlaxoSmithKlein— podrían haberse gastado en investigación y desarrollo.
¿Qué pueden aprender los reguladores gubernamentales de su investigación?
Una supervisión y aplicación agresivas son vitales para asegurar que los productos farmacéuticos se utilicen de forma segura y que los precios sean coherentes con las regulaciones federales. En particular, para disuadir este tipo de comportamiento, será importante actuar sobre la orientación de 2015 del Departamento de Justicia, que exige que los ejecutivos, y no sólo los accionistas, sean considerados responsables de la mala conducta empresarial. Además, es esencial proporcionar incentivos consistentes y fuertes para los denunciantes de irregularidades. Por último, hay un amplio margen para una reglamentación adicional que proteja mejor a los estadounidenses de la información falsa o engañosa sobre la eficacia y el precio excesivo de los medicamentos.
Dado que los medicamentos de prescripción son críticos para la salud de los ciudadanos, ¿deberían las grandes farmacéuticas mantenerse a un nivel más alto?
Todas las grandes compañías farmacéuticas se comprometen a mejorar el bienestar humano. Sin embargo, la mayoría utiliza estrategias de comercialización y fijación de precios que perjudican el bienestar de los pacientes para mejorar sus resultados. Debido a esta hipocresía, la industria farmacéutica se clasifica constantemente en la parte inferior de la clasificación de reputación de la industria estadounidense de Gallup.
