Un «bloqueo estricto» impuesto en el estado australiano de Victoria durante el verano fue «apresurado» y privó a los ciudadanos de sus derechos, concluyó la defensora del pueblo del estado en un nuevo informe.
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Un resumen emitido por la Defensora del Pueblo de Victoria, Deborah Glass, el jueves encontró que un cierre estricto implementado en nueve torres de viviendas públicas en julio violó las libertades civiles y de manera ilegal. Confinó a los residentes a sus hogares durante casi una semana, dejando a algunos sin comida ni medicinas.
«El encierro apresurado no era compatible con los derechos humanos de los residentes, incluido su derecho a un trato humano cuando estaban privados de libertad» , escribió Glass, y agregó que «la acción parecía ser contraria a la ley».
La investigación identificó varios casos en los que las autoridades que administraban el bloqueo retrasaron o desatendieron el cumplimiento de solicitudes de medicamentos aparentemente urgentes. En algunos casos, los residentes se vieron obligados a depender de voluntarios de la familia o de la comunidad para recolectar y entregar suministros esenciales.
La funcionaria también criticó las medidas como desacertadas, dado que al jefe de salud interino del estado solo se le permitió 15 minutos para considerar las restricciones y sus implicaciones para los derechos humanos. Señaló que «muchos de los problemas asociados con el cierre parecían atribuibles a la inmediatez de la intervención».
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Además, Glass dijo que el estado hizo cumplir la política utilizando «un gran número de agentes uniformados de la Policía de Victoria», lo que fue descrito como «innecesario e insensible» por quienes vivían en los bloques de viviendas.
«Este aspecto del encierro no pareció haber sido objeto de una discusión o un debate interinstitucional digno de mención» , prosiguió, y dijo que las autoridades «no consideraron suficientemente cómo era probable que los residentes percibieran el importante despliegue policial …».
El informe del Defensor del Pueblo enumeró una serie de recomendaciones al gobierno, pidiendo a los funcionarios que se disculpen por el «daño o angustia» causados por el cierre y que introduzcan «mayores salvaguardias» en torno al uso de los «poderes de detención de emergencia». Sin embargo, no está claro qué recursos legales podrían tener los residentes de las torres de viviendas en el futuro.
