La Fiscalía de Sevilla investiga por primera vez en España el caso de una familia que se niega a vacunar contra el COVID-19 a un anciano interno en una residencia y sin plenas facultades para decidir.
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En declaraciones a los medios difundidas por el Diario de Sevilla, el fiscal en materia de protección de personas mayores Norberto Sotomayor, explicó que se comenzaron a dar casos de familiares que se plantean impedir la aplicación de la vacuna a sus mayores.
La Fiscalía actuó de momento en un primer caso en que un hijo rechazó que se administrara la vacuna de Pfizer a su padre, que reside en un centro de ancianos de Sevilla.
El Ministerio Público estudiará la situación y solicitará al juez que ordene vacunar al anciano en cuestión.
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Era un escenario que desde la Fiscalía esperaban, pero del que se tuvo noticia tan solo tres días después del inicio del plan de inmunización contra el coronavirus en residencias de mayores.
Se trata de casos que afectan a personas incapacitadas judicialmente o con algún tipo de demencia acreditada por médicos, lo cual les impide tomar este tipo de decisiones.
El juez deberá determinar si el anciano de Sevilla tiene que recibir las dosis en este primer caso judicial en torno a la campaña de vacunación que comenzó el 27 de diciembre en toda España.
La Fiscalía prevé utilizar argumentos similares a los que se aplican en casos donde se pretenden impedir tratamientos médicos de un miembro de la familia menor o impedido con motivo de la religión o creencia de sus responsables legales.
«No puede ser el familiar o el tutor quien decida que a su padre o madre no se le ponga la vacuna», aseguró el fiscal en representación del Ministerio Público de España.
Los ancianos en residencias tienen, como otros ciudadanos, el derecho a negarse a la inmunización contra el COVID-19 mediante vacunación, siempre que se encuentren en pleno ejercicio de sus facultades mentales.
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