Más de un centenar de congresistas solicitaron por escrito al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al menos 10 días para investigar a fondo las evidencias de fraude acumuladas, por lo que es necesario que aplace el conteo de votos electorales.
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Solo al final de ese periodo, que se daría a partir del 6 de enero, se podría determinar con justicia para los estadounidenses si se certifican o no los resultados enviados por cada uno de los 50 estados, de acuerdo con Just the News del 5 enero.
“Tenemos la intención de cumplir nuestros juramentos de oficio investigando y determinando adecuadamente si la elección debe ser certificada, o descertificada, por nuestras respectivas legislaturas estatales”, expresaba una de las cartas firmada por 88 legisladores.
Este grupo de congresistas prefirió unificar su petición a través del grupo Got Freedom, mientras que otros hicieron llegar sus peticiones a Pence de otras maneras.
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El representante Joe Sanfelippo, citó al menos tres ilegalidades masivas presentadas en Wisconsin, entre ellas cambios hechos por los funcionarios estatales que no pasaron por la Legislatura, y reconocidos como erróneos por la Corte Suprema del estado.
Unos 200.000 votos deberían ser eliminados por haber aprovechado esos cambios ilegales.
Otros 200.000 votos fueron modificados y corregidos de manera irregular con permiso de los funcionarios estatales.
Corrigiendo solo estos votos se supera 20 veces la supuesta ventaja de 20.000 votos con la que se acreditó al candidato demócrata presidencial, Joe Biden.
“La Constitución de los Estados Unidos nos da autoridad para determinar cómo se celebran las elecciones”, declaró Sanfelippo, según Just the News.
Agregando: “Todo eso supone que la ley va a ser seguida por aquellos que la implementan. Y ahora que sabemos que la ley no fue seguida en esta elección, como legisladores estatales nos corresponde a nosotros determinar si eso tuvo algún efecto en el resultado, para hacer responsables a las personas que no siguieron la ley y para asegurarnos de que en el futuro esas leyes se cumplan”.
Por su parte el ex fiscal general estatal, Phill Kline, quien trabaja con Got Freedom y es un decidido defensor de la integridad del proceso electoral, manifestó el alcance de la solicitud.
“Estos funcionarios electos no le piden a Mike Pence que anule los resultados de las elecciones, y ciertamente no intentan subvertir nuestra democracia”, dijo Kline, según el medio local PR Newswire.
Y: “Más bien, están simplemente pidiendo que se les permita desempeñar el papel que les exige la Constitución – una oportunidad que en algunos casos ha sido activamente negada por sus propios gobernantes”.
🔎 | BLes
