El juez acusa a José Manuel Sampedro Lara, director del asilo de Tomelloso, en España, de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro por el fallecimiento de 76 ancianos durante los tres primeros meses de la pandemia.
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El director tendrá que acudir a declarar ante el juez el próximo 16 de abril.
Los familiares de los fallecidos presentaron una denuncia con el fin de que se esclarezcan los 76 fallecimientos.
El caos llevó al gobierno autonómico a tomar las riendas del asilo, de titularidad privada, para hacer frente a los fallecimientos. En otra residencia que está al lado, de titularidad pública, solo murieron 8 ancianos.
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La dirección del asilo no ofreció ninguna clase información a las familias y les aseguró que en el asilo había “COVID cero”.
Los familiares relatan que, o bien era imposible comunicarse con ellos telefónicamente, o bien cuando conseguían que alguien respondiera a la llamada se limitaban a decir sobre los pacientes que “no tenían fiebre» y que «tenían mucho trabajo” antes de colgar rápidamente el teléfono.
Sin embargo, la situación real que se vivía en esta residencia de Tomelloso saltaba a los titulares de prensa cuando era el propio director del centro, José Manuel Sampedro, quien el 18 de marzo aparecía en un programa de televisión denunciando el supuesto «abandono» por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al centro -de titularidad privada, cabe recordar- que dirigía.
Aseguraba que estaban «completamente abatidos, destrozados psicológicamente», ante una situación «muy complicada» y que eran 14 los fallecidos, una cifra que «va aumentando», comentaba.
Reclamaba «ayuda urgente», al tiempo que aseguraba que «nadie» les estaba ayudando, que por su parte se había informado «en todo momento» a las autoridades, tanto a la Consejería de Bienestar Social como al Ayuntamiento -precisaba-, pero insistía «nadie nos escucha».
Por otra parte, aseguraba que se estaba informando a las familias por teléfono sobre la situación, «ayer por la tarde recibí 60 llamadas», pero «ninguna» de las autoridades, «nos sentimos abandonados», apostillaba.
Explicaba también que «desde el primer momento» en que se tuvo conocimiento del primer positivo, «cerramos la residencia, solo pueden entrar los trabajadores» y los residentes «están cada uno en su habitación».
Era el mismo José Manuel Sampedro que tan solo dos días antes, el 16 de marzo, aseguraba en las redes sociales que en el centro se estaba «trabajando con normalidad». «La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19. Se está haciendo en todos los centros», para a continuación facilitar un número de móvil al que podía llamar «cualquier familiar» que necesitara información. «Pero está todo bien!!!», concluía.
No obstante, en su testimonio en televisión declaraba que ese fin de semana, concretamente el sábado, se había vivido una situación terrorífica, con cuatro muertes seguidas, algo que antes no había ocurrido.
Pero no solo el propio Sampedro contradecía su propia versión en su vuelta a la televisión, puesto que el mismo miércoles 18 de marzo, desde el Ejecutivo regional salía el director general de Salud Pública, Juan José Camacho, a desmentir sus afirmaciones.
Camacho explicaba que las tres denuncias realizadas por Sampedro -el abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias y la ausencia de pruebas ante el brote de coronavirus en la residencia- eran «falsas».
La situación finalmente llevaba a la Junta de Comunidades a tomar las riendas de esta residencia de titularidad privada, para hacer frente al brote de coronavirus.
En el mes de junio, Sampedro volvía a asumir la dirección del centro, ante el asombro de los familiares de los residentes fallecidos.
Durante el verano, y tras ver que seguía sin esclarecerse lo sucedido aquellas semanas en la residencia de la Fundación Elder, un grupo de familias decidía acudir a los tribunales y denunciaba por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro tanto a Sampedro como a la Fundación.
Así, el pasado 20 de noviembre el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tomelloso dictaba un auto por el que acordaba incoar diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados por los familiares podrían apuntar a la existencia de dichos delitos. Para ello, se solicitaban por parte del juez diversos documentos.
Entre ellos, el magistrado reclamaba a los responsables del centro la remisión «a la mayor brevedad» de un informe sobre los protocolos, tanto sanitarios como laborales o de cualquier otra índole, aplicados en el centro durante ese mismo periodo, relacionados con la incidencia del virus.
Así, una vez analizados estos documentos, el juez ha decidido ahora continuar con la vía penal del proceso para investigar lo sucedido en esta residencia de mayores durante los primeros meses de la pandemia.
Auto de imputación de José … by periodicoclm.es
SEIS TESTIGOS
Antes de que el director de la residencia Elder acuda a declarar, también lo harán otras seis personas que han sido llamadas por el juez en calidad de testigos. Lo harán, según recoge al auto, el 9 de abril.
Tres de esos testigos realizaron labores de inspección o gestión, a raíz de la intervención de la residencia de ancianos por parte de la Consejería de Sanidad. Los otros tres testigos son trabajadores de la residencia de ancianos que realizaron su labor antes y durante la intervención del centro
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tanto la declaración de José Manuel Sampedro como la de los testigos se celebrarán a puerta cerrada y tendrán carácter reservado.
LA FUNDACIÓN, RESPONSABLE CIVIL
Asimismo, en este auto fechado el 23 de febrero, se da por personada en el procedimiento a la Fundación Elder -cuyo presidente desde 1995 es Ramón Sampedro, padre del director de la residencia investigado por el juez- «en calidad de responsable civil», por lo que debería responder ante eventuales indemnizaciones a las familias afectadas.
Ante esta resolución, que no es firme, cabe la posibilidad de interponer un recurso de reforma o un recurso de apelación.
Para las familias denunciantes supone «una alegría» la decisión del juzgado de seguir avanzando con la investigación y consideran que si se ha llamado a declarar como imputado al director, «es por algo, porque presuntamente hubiera podido cometer algún delito en su gestión frente al virus».
«Queremos que el peso de la ley caiga sobre los responsables», subrayan a este medio desde el entorno de las víctimas, al tiempo que animan a otras familias afectadas a sumarse a la causa, «a luchar por la memoria de nuestros seres queridos».
«Queremos llegar hasta el final para que todo el mundo sepa lo que ocurrió allí dentro», sentencian.
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