Un ex miembro del Grupo Asesor Técnico Nacional de Inmunización, Jacob Puliyel, se acercó a la corte suprema de la India y argumentó que la decisión del gobierno del estado de que una persona debe vacunarse para tener acceso a los beneficios o servicios es una violación de los derechos humanos y, por lo tanto, , inconstitucional.
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La Corte Suprema de India dijo el lunes que no se puede obligar a ninguna persona a recibir una vacuna, y agregó que ningún gobierno estatal puede dar un paso que pueda violar la integridad del cuerpo de una persona. El tribunal subrayó que restringir el acceso de personas no vacunadas a lugares públicos no es proporcional y debe derogarse en las presentes condiciones.
«Hasta que las cifras de infección sean bajas, sugerimos que no se impongan restricciones a las personas para acceder a lugares, servicios y recursos públicos», dictaminó el tribunal de la Corte Suprema, integrado por los jueces L Nageswara Rao y BR Gavai.
El fallo del tribunal se limita a la petición en discusión y no «detendría ni impediría que el gobierno tome ninguna medida en el futuro para controlar la propagación de la pandemia», agregó el tribunal.
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El peticionario había expresado su preocupación de que no había suficientes datos disponibles sobre la eficacia de las vacunas, lo que llevó a la Corte Suprema a ordenar al Ministerio de Salud federal que publicara en un espacio público informes de personas y médicos sobre los efectos adversos de las vacunas.
A partir del lunes 2 de mayo, alrededor del 60 por ciento de los indios están completamente vacunados. En abril, el gobierno indio también lanzó la campaña para proporcionar dosis de refuerzo para todos los adultos mayores de 18 años. El gobierno federal también autorizó vacunas para niños mayores de 5 años.
