El gobierno canadiense cobró a los contribuyentes $39 millones por contratar contratistas privados con el fin de procesar y “borrar” los documentos solicitados por el público. Varias empresas recibieron millones de dólares por su trabajo de ‘censura’.
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Una Investigación del Ministerio solicitada por la parlamentaria conservadora Kelly McCauley muestra “contratos proporcionados a consultores relacionados con el procesamiento de solicitudes realizadas en virtud de la Ley de Acceso a la Información desde el 1 de enero de 2020”. Los contratos oscilaron entre $15,000 y casi $200,000 en trabajo remunerado.
El gobierno federal justificó confiar en contratistas privados para “reducir la acumulación actual de solicitudes de acceso a la información que se ha acumulado durante varios años”. Entonces, el gobierno ha contratado, según ellos, contratistas privados para ayudar con la transparencia, cuando en realidad parece que han sido contratados para hacer exactamente lo contrario.
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