Uruguay suspendió las vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 13 años después de que un juez emitiera una orden judicial que suspende las vacunas en ese grupo de edad hasta que los funcionarios del gobierno entreguen sus contratos con Pfizer.
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Uruguay suspendió las vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 13 años después de que un juez emitiera el jueves una orden judicial que suspende las vacunas en ese grupo de edad hasta que los funcionarios del gobierno entreguen sus contratos con Pfizer.
Funcionarios del gobierno uruguayo y Pfizer recibieron el miércoles la orden de comparecer ante el tribunal después de que el juez Alejandro Recarey les diera 48 horas para presentar información detallada sobre la vacuna COVID-19 de Pfizer, mientras que el tribunal consideró una solicitud de medida cautelar para detener las vacunas contra COVID-19 para niños de 5 años en adelante.
El gobierno dijo que una cláusula de confidencialidad en el contrato le impide producir los documentos, informó The Washington Post.
Según ABC News, el juez recibió respuestas a 18 preguntas sobre la seguridad y composición química de las vacunas contra el COVID-19, firmadas por el ministro de Salud, Daniel Salinas, pero no entregó los contratos.
Se desconoce si las respuestas proporcionadas por los funcionarios del gobierno abordaron adecuadamente las preguntas planteadas por el juez, quien finalmente ordenó una orden judicial basada en lo que se proporcionó.
Salinas, tras el fallo del tribunal, defendió enérgicamente el plan de vacunación del gobierno y criticó al juez por cuestionar la seguridad de las vacunas.
Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo que la suspensión es una amenaza para la salud pública.
«Estamos convencidos de que es una locura suspender la vacunación voluntaria porque tiene un fuerte respaldo científico», dijo Delgado en una conferencia de prensa.
Las vacunas para los mayores de 13 años continuarán, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.
El gobierno planea apelar la decisión, según ABC News.
Como informó este miércoles The Defender, el juez Recarey del Tribunal de lo Contencioso Administrativo utilizó sus facultades inquisitoriales para exigir al Ministerio de Salud Pública de Uruguay, a la Administración estatal de Servicios de Salud y a la Presidencia de la República que presenten toda la información relativa a los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19, incluida la información contractual relacionada con cualquier cláusula de indemnización civil o impunidad penal de los proveedores en caso de efectos adversos.
El juez busca, entre otras cosas, saber si existen cláusulas en los contratos que prometían a compañías farmacéuticas como Pfizer inmunidad civil y penal por los efectos adversos causados por sus vacunas.
El juez Recarey planteó una serie de preguntas a los funcionarios del gobierno y a Pfizer con respecto a la composición química, la eficacia y la seguridad de las vacunas COVID-19, y exigió a Pfizer que declare si ha «admitido, en cualquier área, interna o externa a ella y sus socios, la verificación de los efectos adversos» de sus vacunas COVID-19 en niños.