Los saudíes están utilizando una aplicación móvil vendida tanto por Apple como por Google para espiar a sus conciudadanos por disentir contra las autoridades gubernamentales. Como resultado, activistas y otros irán a prisión por más de 30 años en algunos casos, informó Business Insider el viernes.
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El 16 de agosto, la ciudadana saudí Salma el-Shabab, estudiante de doctorado en la Universidad de Leeds, fue condenada a 34 años de prisión por tuits «en apoyo de activistas y miembros de la oposición política del reino en el exilio», según el informe. Aunque las publicaciones se hicieron mientras estaba en el Reino Unido, el-Shabab fue reportada a través de la aplicación «Kollona Amn» e inmediatamente arrestada al regresar a casa.
«Todos los días nos despertamos para escuchar noticias, alguien ha sido arrestado o alguien ha sido llevado», dijo Real, una activista saudí por los derechos de las mujeres que usa un alias, a Insider.
Kollona Amn, que se traduce aproximadamente como «Todos somos seguridad» en árabe, fue lanzado por el Ministerio del Interior de Arabia Saudita en 2017, pero en los últimos años se ha visto un aumento «dramático» en los casos judiciales que hacen referencia a la aplicación, según activistas de derechos legales.
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La aplicación «alienta a los ciudadanos comunes a desempeñar el papel de policía y convertirse en participantes activos en su propia represión. Poner los ojos del estado en todas partes también crea una sensación generalizada de incertidumbre: siempre hay un informante potencial en la sala o siguiendo sus cuentas de redes sociales», dijo Noura Aljizawi, investigadora de Citizen Lab, que se centra en las amenazas a la libertad de expresión en línea.
La naturaleza orwelliana de la aplicación es tal que los usuarios a menudo informan sobre las personas «a la defensiva», temiendo que puedan enfrentar un castigo por simplemente escuchar discursos considerados ofensivos para el régimen. En algunos casos, la aplicación también se ha utilizado para «chantajear» y para «ajustar cuentas», señaló Insider.
A pesar de su papel en aplastar la disidencia en la represiva monarquía del Golfo, la aplicación todavía es vendida tanto por Google como por Apple, ninguno de los cuales respondió a las solicitudes de comentarios de Insider. Google, además, está listo para abrir dos nuevas oficinas en Arabia Saudita en algún momento de este año, y ahora está trabajando en una controvertida asociación de datos con la empresa petrolera estatal Saudi Aramco. El gigante tecnológico insiste en que protegerá los datos de los usuarios, pero algunos activistas dicen que la medida «arriesgará vidas» y entregará al gobierno herramientas adicionales para espiar a los ciudadanos.
En algunos casos, las preocupaciones de privacidad han llevado a los activistas a mantener dos o tres teléfonos, uno que contiene aplicaciones gubernamentales y otros sin ellos, en un intento por evitar la vigilancia totalitaria del Reino, facilitada por las empresas estadounidenses.
En mayo de 2021, una doctora llamada Lina al-Sharif fue encarcelada por cargos desconocidos, aunque personas cercanas a ella dijeron que alguien intentó chantajearla y amenazó con denunciarla a través de la aplicación Kollona Amn. Ella había estado abogando por los derechos humanos en Arabia Saudita en Twitter antes de su arresto. Casi 2,5 millones de saudíes están en la plataforma, pero Twitter y otros sitios de redes sociales han sido utilizados por Riad para reprimir la disidencia política y el activismo, así como para vigilar el austero código moral del régimen.
Otro caso en 2019 resultó en una sentencia de tres años de prisión para Suhail Yousef AlYahya, un hombre gay, que fue acusado de «delitos cibernéticos» y «delitos de decencia pública» después de publicar fotos de sí mismo con un traje de baño.
El estado saudí no solo ha utilizado aplicaciones móviles y redes sociales contra sus críticos, sino que los empleados de algunas plataformas han trabajado activamente para llevar a cabo la agenda de Riad. En agosto, un ex gerente de Twitter fue declarado culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de trabajar en nombre de Arabia Saudita sin registrarse como agente extranjero, supuestamente recibiendo cientos de miles de dólares a cambio de información sobre disidentes saudíes, incluidas direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos.
