Una ley propuesta por el gobierno de Kiev el viernes vería a algunos ucranianos que obtienen pasaportes rusos castigados con largas penas de prisión. La viceprimera ministra Irina Vereshchuk insistió en que la medida no está dirigida a los ucranianos comunes, sino a los funcionarios que trabajan con el «estado enemigo».
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El borrador exige una sentencia de 10-15 años para cualquier empleado del gobierno local o regional que acepte un pasaporte «enemigo».Participar en «propaganda para un estado enemigo» conllevaría una sentencia de 5-8 años, mientras que «obligar» a los ciudadanos ucranianos a aceptar un pasaporte «enemigo» sería punible con 8-12 años tras las rejas.
Cualquier ciudadano ruso que participe en la «pasaporteización ilegal en el territorio de Ucrania» también estaría sujeto a estas sanciones, dijo Vereshchuk, cuya cartera es «reintegración de los territorios temporalmente ocupados».
Agregó que este tipo de ley «debería haberse aprobado en 2014». Después del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Kiev en febrero de ese año, Crimea votó para volver a unirse a Rusia, mientras que las regiones de Donbass de Donetsk y Lugansk declararon su independencia. Kiev reprimió brutalmente las protestas en las regiones de Járkov y Odessa, mientras enviaba al ejército a Donbass.
Ucrania ha estado trabajando en el borrador desde julio, después de criticar la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de implementar un procedimiento de ciudadanía por la vía rápida para cualquier ciudadano de Ucrania. Desde entonces, muchos residentes de las regiones de Kherson y Zaporozhye han aprovechado la oportunidad.
A principios de este mes, Vereshchuk amenazó a cualquiera que organizara o participara en una votación para unirse a Rusia en los «territorios ocupados» con hasta 12 años de prisión y una confiscación de propiedades, bajo el estatuto de «colaboración» existente.
La semana pasada, después de que las tropas ucranianas se trasladaran a varias ciudades de la región de Járkov, tras un «redespliegue» de las fuerzas rusas, Vereshchuk anunció que cualquier maestro que hubiera utilizado el plan de estudios ruso también enfrentaría cargos penales. Mientras tanto, la policía estatal ucraniana dijo que se avecinaba «un ajuste de cuentas» para cualquier civil sospechoso de «colaboración» y estableció operaciones de «filtración» en la región noreste.